Contra la Pena de Muerte - Irene Khan

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Irene Khan

"Contra la Pena de Muerte"
Discurso pronunciado el 6 de Oct del 2004 por la Secretaria General de Amnistía Internacional

Enlaces: Derechos Humanos | Amnistía Internacional

"Hay que llevar a  cabo una campaña de actuación inmediata para la abolición mundial de la pena de muerte para menores y en ella, como en tantas otras, EE.UU. es clave"

 "Es un orgullo para Amnistía Internacional estar en esta Conferencia como miembro de la Coalición Mundial contra la pena de muerte. Este Segundo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte nos ofrece una gran oportunidad a todos para reflexionar sobre nuestro trabajo, intercambiar ideas y forjar estrategias comunes y relaciones de trabajo.

Como saben, la abolición de la pena de muerte ha sido un signo distintivo entre las preocupaciones de Amnistía Internacional desde la creación de la organización, en 1961. Al oponerse a ella, los miembros de Amnistía Internacional se oponían a algo permitido en virtud del derecho internacional. Para nosotros era una cuestión de valores humanos que iba más allá de la ley.

Nos enorgullece unirnos a organizaciones y personas de todo el mundo, de diferentes nacionalidades, creencias, edad y sexo, en una lucha común para poner fin a la pena de muerte en todo el mundo. Basta con mirar la diversidad que hay en esta sala. La pena de muerte es la negación más extrema e irreversible de los derechos humanos, porque vulnera la esencia de los valores humanos. Con frecuencia se aplica de forma discriminatoria, tras juicios sin garantías o por motivos políticos. No es una fórmula especialmente disuasoria contra el delito, y sin embargo es irreversible cuando se comete un error judicial.

En 1977, Amnistía Internacional organizó su primera Conferencia Internacional sobre la Pena de Muerte en Estocolmo, que congregó a 200 personas de los cinco continentes. Ahí comenzó nuestra campaña pública en favor de la abolición de la pena de muerte. A la conferencia siguió una encuesta mundial sobre la pena capital y una campaña pública que culminó en 1980 con un llamamiento a las Naciones Unidas firmado por premios Nobel de la paz, destacadas personalidades y ciudadanos de a pie de más de un centenar de países.
Las cosas han cambiado considerablemente desde entonces. En 1977, cuando Amnistía Internacional organizó su primera Conferencia Internacional sobre la Pena de Muerte en Estocolmo, sólo 16 países habían abolido la pena capital para todos los delitos. Actualmente la situación es muy distinta: esta cifra se ha multiplicado por cinco, y además 15 países han abolido la pena capital salvo para delitos excepcionales, y otros 23 la conservan en la ley, pero hace diez años que no ejecutan a nadie, o se han comprometido internacionalmente a no emplearla. Por ahora, Turquía ha sido el último país que se ha incorporado a las filas de los abolicionistas.

Como saben, actualmente hay cuatro tratados abolicionistas: el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los dos Protocolos Europeos y el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. La abolición está ganando la carrera, pero aún queda mucho para la victoria definitiva. Durante 2003, al menos 1.146 personas fueron ejecutadas en 28 países. Al menos 2.756 fueron condenadas a muerte en 63 países. Estas cifras reflejan sólo los casos que Amnistía Internacional conoce. Sin duda las verdaderas cifras son más altas. En 2003, el 84 por ciento de todas las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en China, Estados Unidos, Irán y Vietnam.

En muchos países del mundo, el aumento de la preocupación por la seguridad y el control del delito siguen siendo motivaciones para aplicar la pena de muerte. Este año, Afganistán llevó a cabo su primera ejecución desde la creación del gobierno provisional, en diciembre de 2001. Abdullah Shah, jefe militar, fue ejecutado en Kabul el 19 de abril de 2004. Había sido declarado culpable en octubre de 2002 de 20 delitos de asesinato en un tribunal especial cuyas actuaciones distaron mucho de ajustarse a las normas sobre juicios justos. El acusado no tuvo abogado defensor en el juicio, que se celebró a puerta cerrada, y se descubrió que el presidente del tribunal en el primer juicio había aceptado sobornos.

El año pasado visité Kabul y, en mi entrevista con el presidente Karzai, le insté a que mantuviera la suspensión. Este año su oficina nos había asegurado que el presidente no aprobaría ninguna ejecución judicial hasta que se reformara el sistema de justicia penal. Tras emitir una declaración pública en la que protestábamos contra la ejecución de Abdullah Shah, el gobierno anunció públicamente que todas las ejecuciones judiciales se suspenderían temporalmente. En Irak, uno de los primeros actos del gobierno provisional fue restablecer la pena de muerte por asesinato, delitos contra la seguridad nacional y narcotráfico. Espero que esto no sea una mala señal para el futuro de los derechos humanos en el país.

En Tailandia, el gobierno está utilizando la pena capital como principal herramienta para combatir lo que llama la “guerra de las drogas”. Los abusos contra los derechos humanos perpetrados en el marco de esta campaña de control del delito, incluido el uso de la pena de muerte, son muy preocupantes para Amnistía Internacional, y éste fue un tema que planteé a importantes ministros del gobierno durante mi visita a Tailandia en julio de este año. 
Según los informes, el número de personas condenadas a muerte se ha triplicado durante los dos últimos años y actualmente roza el millar de hombres y mujeres, en su mayoría condenados por delitos relacionados con las drogas. A finales de 2003, más de 60 hombres y mujeres condenados a muerte habían agotado todos los recursos y podían estar en peligro inminente de ejecución. El gobierno ha anunciado públicamente en reiteradas ocasiones que acelerará las ejecuciones de los condenados por delitos relacionados con drogas como medida “disuasoria” contra la producción y el tráfico de drogas. Irónicamente, ambos van en aumento, demostrando posiblemente lo que sabemos que ha ocurrido en otros lugares: que la pena de muerte nunca ha demostrado disuadir del delito con más eficacia que otros castigos.

La “guerra contra el terror” y la venganza de los crueles crímenes cometidos por terroristas introducen el riesgo de una reacción violenta. Ejemplos de ello son la nueva ley de Marruecos o la Comisión militar en Guantánamo.
No es momento para la autocomplacencia. A pesar de los importantes logros de las últimas cuatro décadas, aún queda mucho camino para liberar al mundo de la pena de muerte. Y, dado que aquí hablamos entre los “conversos”, la cuestión clave es: ¿cómo conseguirlo?

La imagen global de la abolición de la pena de muerte está llena de claroscuros: grandes avances en muchas partes del mundo, pero también problemas en otras y, dentro de éstas, un abanico de diferentes situaciones que van de la abolición total a las ejecuciones frecuentes. Para abordar esta variada situación, también debemos adoptar una estrategia de acción variada en función de regiones y países. En el ámbito regional, Europa se ha convertido en una fuerza en favor de la abolición mundial, cuya promoción es política oficial de la Unión Europea. En Europa y en Asia Central, Bielorrusia y Uzbekistán son los únicos países que aún llevan a cabo ejecuciones. Debemos hacer de Europa una zona sin pena de muerte.

Al igual que Europa, Latinoamérica tiene una larga tradición abolicionista y debe convertirse en una enérgica promotora de la abolición en otros lugares, especialmente en el cercano Caribe. En África, debemos persuadir al resto de los países retencionistas de que aprovechen la experiencia de sus vecinos abolicionistas. También hay que convencer a la Unión Africana de que aborde el tema de la misma forma que la Unión Europea. A nivel de país, si un país ha abolido la pena de muerte para delitos comunes, la labor consiste en tratar de conseguir la abolición total. Si es abolicionista en la práctica, hay que conseguir la abolición en la ley. Si continúa ejecutando, es preciso conseguir que deje de ejecutar y vaya hacia la abolición en la ley.

En el caso de los países que han abolido la pena de muerte, es importante que este abolicionismo se mantenga. Una forma de asegurarlo es que ratifiquen los tratados internacionales sobre la abolición. Esto no sólo afianza su postura, sino que también es un acto de solidaridad internacional que anima a otros países. Espero realmente que el país en el que nos reunimos hoy, Canadá, que eliminó la pena de muerte de sus leyes hace años, ratifique pronto el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En cuanto a los países que conservan la pena de muerte, es importante tener en cuenta sus diferentes prácticas, y abordar la cuestión en consecuencia. De los 78 países retencionistas, unos 17 llevan a cabo ejecuciones periódicamente, y aparecen año tras año en la lista de ejecuciones en todo el mundo de Amnistía Internacional. Otros 44 países y territorios ejecutan sólo esporádicamente. Hay 20 países que no han ejecutado a nadie desde hace una década, pero no tienen ninguna política de suspensión de las ejecuciones, y en cinco países hay una suspensión de las ejecuciones.

Debemos trabajar para que disminuya el número de ejecuciones en todos estos países. Hemos de hacer campaña en favor de la introducción de una suspensión de las ejecuciones donde no la hay, y persuadir a quienes ya la han introducido que pasen a abolir la pena capital en la ley. También podemos intentar que disminuya el número de ejecuciones, por ejemplo limitando el número de delitos punibles con la muerte. Un área concreta de actuación inmediata debe ser la abolición mundial de la pena de muerte para menores y en ella, como en tantas otras, Estados Unidos es clave.

La experiencia nos ha enseñado que la verdadera fuerza para el cambio procede del propio país. Por ello los movimientos abolicionistas nacionales son un factor crítico. Debemos apoyarlos y animarlos a crecer. Como ha dicho esta mañana Michel Taube, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte ofrece un gran potencial para unir a organizaciones que operan en el ámbito nacional con otras que trabajan internacionalmente. Debemos fortalecer a la Coalición para que pueda cumplir esta importante tarea.

Como organización con 74 secciones nacionales, sé que hablo en nombre de los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo cuando expreso nuestro compromiso de trabajar nacional e internacionalmente en favor de la abolición de la pena de muerte. Expertos de Amnistía Internacional procedentes de 21 países que se ocupan de la pena de muerte en todo el mundo celebraron ayer una reunión, y sé que están entusiasmados por las oportunidades y decididos a hacer frente a los retos que se nos plantearán en nuestra lucha común para abolir la pena de muerte.

La abolición mundial de la pena de muerte no será tarea fácil, nadie dijo que lo fuera. Recientemente, en abril de 2004, 64 países se desvincularon explícitamente de una resolución en favor de la abolición en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La opinión pública en muchas partes del mundo cree aún que la pena de muerte es necesaria para evitar el delito o el “terrorismo”. Algunos creen que con la ejecución se hace justicia, otros consideran que su religión la exige. Algunos gobiernos están convencidos de ello, otros se esconden tras la excusa de falta de apoyo de la opinión pública.

Debemos conseguir que la opinión pública apoye con más fuerza la abolición. Pero también debemos pedir a los gobiernos que muestren su liderazgo en esta cuestión. Son momentos difíciles para los derechos humanos y debemos responder firmemente para mantener los valores en los que creemos.

Los derechos humanos son para los mejores y para los peores, para los culpables y para los inocentes. Ése es el motivo por el que la pena de muerte debe abolirse en todo el mundo y debemos utilizar esta Conferencia para trazar un camino claro hacia este fin."

Fuente: Amnistía Internacional